Los arrestos fueron confirmados por el teniente coronel Chad Campbell, quien detalló el caso de tres migrantes detenidos por soldados cerca de Santa Teresa, en Nuevo México. De acuerdo con el teniente, los detenidos fueron entregados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en el marco de una nueva estrategia impulsada por el gobierno de Donald Trump, que ha acusado a más de 1.400 personas por ingresar supuestamente a zonas militarizadas.

Esta medida se ampara en una polémica interpretación de la llamada «doctrina del propósito militar», una excepción legal que elude la Ley Posse Comitatus, la cual prohíbe que el ejército participe en tareas de aplicación de la ley civil en suelo estadounidense

El plan del gobierno republicano fue calificado por especialistas como alarmante, el misma incluye convertir vastos territorios del suroeste en franjas bajo control del Departamento de Defensa. Las primeras zonas incluyen partes de Nuevo México y Texas, con la intención de ampliar esta militarización a otros sectores fronterizos en el corto plazo.

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Mientras altos mandos del ejército y la Patrulla Fronteriza defienden la política con retórica de “seguridad humana” y «combate al tráfico de personas», sectores judiciales y organizaciones de derechos humanos denuncian su uso como herramienta de criminalización migratoria. Un juez en Nuevo México ha desestimado más de 100 cargos por invasión de áreas militares, al considerar que no había evidencia suficiente para probar que los migrantes conocieran esa condición especial del territorio.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de una mujer peruana que enfrentó el primer juicio bajo esta nueva estrategia y resultó absuelta. Sin embargo, las autoridades insisten en mantener y reforzar esta línea punitiva. “Vamos a seguir presentando estos cargos”, aseguró el fiscal federal Justin Simmons, aunque itió que podrían no tener éxito.

Esta intensificación del rol militar coincide con protestas masivas contra las redadas migratorias en varias ciudades del país. En Los Ángeles, decenas de alcaldes han rechazado públicamente el clima de miedo generado por estas operaciones. Trump, en respuesta, ordenó el despliegue de 2.000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional para contener las manifestaciones, sumando ya más de 4.000 en todo el estado.

La frontera sur de Estados Unidos no solo se convierte en un muro físico, sino en un laboratorio de control y represión, donde los derechos humanos quedan subordinados a la lógica del enemigo interno.

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